El buzón de denuncias internas será obligatorio para las empresas antes de junio

Las grandes empresas deberán habilitar un canal de denuncias internas antes del verano. Concretamente antes del mes de junio, según ha quedado plasmado esta semana en el debate del Proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Así, todas las empresas de más de 250 trabajadores deberán disponer en cuatro meses de un buzón de denuncias anónimas en el que poder recibir avisos de posibles irregularidades o ilegalidades de sus trabajadores, accionistas y proveedores con la garantía de que no sufrirán represalias por ello.

Ley de protección a los denunciantes

La conocida como Directiva Whistleblowing, cuyo término podría ser traducido como informante, confidente o alertador entre otros, sobre protección del denunciante, es la norma comunitaria que impone la obligación de instalar estos buzones de denuncias que, a su vez, servirán para proteger la identidad del denunciante que así lo prefiera.

Ahora, esta esperada Ley de protección a los denunciantes, culmina así su proceso legislativo en nuestro país después de que el Congreso de los Diputados diese luz verde a la norma a finales del año pasado.

Y es que en España no existía una normativa que regule las denuncias internas en el seno de las empresas y mucho menos los mecanismos de protección al denunciante. Esto ha llevado a la existencia de una espiral de silencio en muchas compañías, cuyos trabajadores prefieren no enfrentarse a represalias por poner de manifiesto ciertas conductas ilícitas.

Mayor plazo para las Pymes

Por su parte, las empresas de entre 50 y 250 trabajadores, tendrán de plazo para incorporar este canal de denuncias hasta el mes de diciembre. Se espera que la normativa quede aprobada definitivamente para su publicación el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Recordemos que la ley obliga a disponer de un buzón de denuncias anónimas tanto al sector privado como al público, así como a partidos políticos, sindicatos u organizaciones empresariales y tiene como objetivo proteger a quien informe sobre irregularidades conocidas en el marco de una relación laboral o profesional.
Fuente Empresa






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